La confirmación, en la tarde de este 19 de mayo, del hallazgo de un cadáver con rasgos compatibles con los de Yulixa Consuelo Toloza, en zona rural del municipio de Apulo (Cundinamarca), encendió de nuevo las alarmas sobre los riesgos de practicarse procedimientos estéticos en establecimientos sin autorización sanitaria. La mujer, de 52 años, desapareció el pasado 13 de mayo tras ingresar al centro Beauty Láser, en el barrio Venecia, sur de Bogotá, donde le practicaron una lipólisis láser con sedación. El lugar, hoy señalado por las autoridades como una ‘clínica de garaje’, operaba sin habilitación ni concepto sanitario. La Fiscalía ya tiene cinco órdenes de captura por el caso.
El caso reactiva una pregunta urgente para miles de colombianos: ¿qué se debe verificar antes de someterse a una operación de este tipo? Y es que Colombia se mantiene como potencia mundial del sector. En 2024 (cifras oficiales más recientes), se practicaron 490.944 procedimientos estéticos, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS). De ellos, 321.408 fueron quirúrgicos y 169.536 no quirúrgicos. Entre los más demandados aparecen la liposucción, el aumento mamario y la blefaroplastia, mientras que en los no invasivos lideran la toxina botulínica y el ácido hialurónico. El 30 por ciento de los pacientes son extranjeros, principalmente de Estados Unidos, España y Canadá.
Lesdy Pérez, docente del programa de Instrumentación Quirúrgica de Areandina, sede Bogotá, recuerda que todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) tienen que garantizar la calidad en su atención y contar con las autorizaciones de funcionamiento que exige la secretaría de salud del territorio donde operan.
«Antes de pagar un solo peso, el paciente debe pedir el nombre exacto y el NIT del establecimiento y consultarlo en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). Si el sitio no aparece allí como habilitado para cirugía, no es el lugar para acostarse en una camilla», advierte la docente.
Pérez explica que las instituciones dedicadas exclusivamente a cirugía plástica, estética y reconstructiva no están obligadas a cumplir las mismas condiciones de un hospital de alta complejidad. Eso, sin embargo, no significa que el usuario se pueda confiar: deben revisarse los títulos y credenciales académicas del especialista que realizará la operación. Esa información se puede consultar en la página de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Aunque para los médicos es opcional estar adscritos, las clínicas sí están obligadas a confirmar esos datos.
Otros aspectos a tener en cuenta
La docente de Areandina recomienda analizar si la institución cuenta con acreditación en salud. Esta distinción, otorgada bajo los más altos estándares de calidad, no es obligatoria, pero sí evidencia que el lugar dispone de las mejores condiciones para atender pacientes. La información puede verificarse en el portal del Ministerio de Salud y Protección Social. También sugiere revisar la página web y las redes sociales del establecimiento, conocer su misión y visión y, en lo posible, visitar las instalaciones unos días antes de la cita.
«Aunque el acceso a las salas esté restringido por seguridad, observar cómo opera el lugar, en qué estado se encuentra y qué talento humano tiene es una manera muy sencilla de detectar irregularidades a tiempo. Una recepción improvisada, un consultorio adaptado en una vivienda o personal sin uniformes deben prender alarmas», subraya.
El factor precio también pesa. Pérez insiste en que ofertas notoriamente inferiores al promedio del mercado suelen esconder riesgos serios. En el caso de Beauty Láser, por ejemplo, se cobraron tres millones de pesos por una intervención que en clínicas autorizadas oscila entre ocho y veinte millones.
Hay otros signos claves para tener en la mira: las IPS reales no funcionan en viviendas residenciales, no piden pagos por canales personales y entregan historia clínica, consentimiento informado y exámenes preoperatorios firmados. Si esos documentos no aparecen, retírese.
«Con la salud no se negocia ni se improvisa. Detrás de un precio sospechosamente bajo casi siempre hay un recorte: en la calidad del talento humano, en los medicamentos, en los protocolos o en la infraestructura. Y ese ahorro puede costar la vida», concluye la experta.
