La Ley 2573 de 2026 eleva los estándares para la verificación de identidad en entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y empresas que otorgan crédito, fortaleciendo la protección de los ciudadanos frente al fraude.
La norma convierte la validación robusta de identidad en un componente estratégico del cumplimiento normativo y acelera la adopción de tecnologías capaces de prevenir la suplantación antes de que ocurra.
Con la entrada en vigencia de la Ley 2573 del 19 de mayo de 2026, Colombia fortalece las medidas de protección para las personas víctimas de suplantación de identidad en la contratación de servicios o productos financieros, crediticios y de telecomunicaciones. La norma consolida la validación de identidad como un estándar exigible para las organizaciones, elevando los niveles de verificación, trazabilidad y respaldo de evidencias en los procesos de vinculación y autenticación digital.
- La Ley 2573 de 2026 eleva los estándares para la verificación de identidad en entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y empresas que otorgan crédito, fortaleciendo la protección de los ciudadanos frente al fraude.
- La norma convierte la validación robusta de identidad en un componente estratégico del cumplimiento normativo y acelera la adopción de tecnologías capaces de prevenir la suplantación antes de que ocurra.
De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entre 2022 y mayo de 2026 se registraron 13.983 reclamaciones por suplantación de identidad, de las cuales 11.365 corresponden al sector de las telecomunicaciones, lo que representa un 81% del total. Además, desde 2020 a la fecha, se han reportado 40.316 denuncias por suplantación de identidad ante la Delegatura para la Protección de Datos Personales.
Teniendo en cuenta que la identidad digital se ha consolidado como el nuevo estándar de seguridad, la Ley 2573 elevó las exigencias, pues ya no basta con verificar una identidad, ahora las organizaciones deben demostrar cómo la verificaron y conservar la evidencia de ese proceso. Dentro de los aspectos más relevantes para fortalecer los mecanismos de protección de las personas que han sido víctimas de suplantación, se encuentran:
- Carga dinámica de la prueba: la entidad deberá entregar información y documentos con los que aprobó la validación de identidad, demostrando una correcta administración de las evidencias.
- Suspensión inmediata del cobro, intereses y gastos de cobranza al recibir el reporte de suplantación por parte del afectado, siendo reportado como una víctima de falsedad para no afectar su score crediticio. La entidad cuenta con 10 días para dar respuesta a la solicitud entregando copia del expediente de validación de identidad; de lo contrario se darán por cierto los hechos reportados.
- Adoptar medidas de seguridad digital para la verificación de la identidad. Esto implica que la validación robusta deja de ser una práctica opcional y pasa a ser un estándar exigible, tanto en el proceso de onboarding como en la autenticación de las operaciones de los usuarios.
«La Ley 2573 marca un cambio significativo en materia de prevención del fraude, ya no será suficiente reaccionar cuando ocurra una suplantación de identidad; las organizaciones deberán demostrar que cuentan con mecanismos confiables para prevenirla, validar correctamente a sus usuarios y conservar las evidencias que respalden cada decisión”, afirma Laura Echeverría, Chief Legal Officer de OlimpIA.
Más allá del alcance jurídico, la norma envía un mensaje claro al mercado, la validación de identidad deja de ser una buena práctica para convertirse en un estándar de cumplimiento. Esto obligará a las organizaciones a revisar sus procesos de vinculación digital, autenticación y gestión del riesgo, incorporando herramientas que permitan fortalecer la protección de los ciudadanos frente a las operaciones realizadas de manera fraudulenta.
En este escenario, tecnologías como la biometría facial con prueba de vida cobran un papel cada vez más relevante para fortalecer los procesos de validación y autenticación. Estas herramientas permiten reducir significativamente el riesgo de suplantación, fortalecer la confianza de los usuarios y responder con mayor solidez y efectividad a las exigencias regulatorias.
“En OlimpIA contamos con capacidades para detectar contenido sintético, manipulación facial, clonación de imágenes y otras modalidades de fraude digital que buscan vulnerar los procesos de identificación. Solo en 2026, hemos realizado más de 43,5 millones de validaciones de identidad, entre biometría facial y dactilar, demostrando que tenemos todas las capacidades y el talento para apoyar a las organizaciones a dar cumplimiento de la norma”, indicó Echeverría.
Teniendo en cuenta lo mencionado, la confianza digital ya no dependerá únicamente de ofrecer una buena experiencia al usuario, también estará determinada por la capacidad de las organizaciones para demostrar que protegieron correctamente la identidad de las personas durante todo el proceso. Esa será una de las principales diferencias entre quienes simplemente cumplen la norma y quienes construyen relaciones de confianza sostenibles.
La norma también refuerza la idea de que la protección de la identidad digital es una responsabilidad compartida. Mientras las organizaciones deben fortalecer sus controles y adoptar tecnologías más robustas para prevenir el fraude, los ciudadanos también desempeñan un papel fundamental al proteger su información personal, revisar periódicamente las operaciones realizadas a su nombre y reportar de manera oportuna cualquier irregularidad.
Para OlimpIA, esta nueva etapa regulatoria impulsa la adopción de modelos de identidad digital más seguros, confiables y acordes con las nuevas exigencias legales. La articulación entre regulación, tecnología y prevención será clave para fortalecer la confianza digital y contribuir al desarrollo de un ecosistema más seguro para ciudadanos y organizaciones. Como parte de este compromiso, la compañía realizará en septiembre la segunda edición de Next Gen ID 2.0, un encuentro que reunirá a expertos para debatir sobre el futuro de la identidad digital y los desafíos de construir una confianza digital sin fricción.
