Desde junio el país cuenta con una nueva legislación que marca un antes y un después en la forma en que se aborda la salud emocional de la población. Se trata de la Ley 2460, una actualización a la norma de 2013 que ahora reconoce este tema como un derecho fundamental, exige atención sin estigmas y amplía la responsabilidad a todos los sectores: salud, educación, trabajo y comunidad.
En resumen, esta ley surge como respuesta a una realidad que el país ya no podía seguir ignorando. En Colombia, según el Ministerio de Salud, el 66,3 % de las personas ha enfrentado algún problema de salud mental en algún momento de su vida y cerca del 20 % actualmente padece un trastorno como depresión (10,2 %) o ansiedad (12,2 %). Sin embargo, solo el 12 % de quienes requieren atención ha accedido efectivamente a un tratamiento. Esta situación se agrava debido a las altas tasas de estrés crónico, que afectan al 72 % de la población, y por el déficit de especialistas: apenas hay 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.
Frente a este panorama, la reciente normativa busca revertir una problemática que durante años ha sido difícil de atender. Las cifras lo confirman: miles de colombianos con afectaciones en su salud mental no han logrado acceder a atención especializada debido a barreras administrativas, baja cobertura del sistema y el persistente temor al estigma.
“La salud mental ya no es un privilegio ni una opción. Es un derecho que debe garantizarse en igualdad de condiciones para todos, sin importar dónde vivan o su nivel de ingreso”, afirma Susan Cruz Casas, directora del programa virtual de Psicología de Areandina.
Uno de los principales avances de la ley es que los usuarios del sistema pueden acudir directamente a un psicólogo, sin tener que pasar primero por un médico general, facilitando así eliminar trámites innecesarios, agilizando la atención y evitando que se agraven situaciones emocionales por demoras.
La norma también crea el Sistema Nacional de Salud Mental, que articulará entidades públicas, privadas y comunitarias para mejorar la cobertura. Se establece la obligación de contratar profesionales en zonas apartadas y se prioriza la atención a poblaciones históricamente vulnerables como comunidad LGBTIQ+, víctimas del conflicto y población carcelaria, entre otros.
“Esta ley es mucho más que un cambio en el papel. Es un modelo nuevo que integra la prevención, la atención temprana y el acompañamiento en los espacios donde las personas viven y trabajan”, destaca Cruz.
Conozca sus derechos y cómo ejercerlos
Para los ciudadanos, la normatividad actual significa más que un beneficio: es una herramienta que puede marcar la diferencia entre vivir una crisis emocional en silencio o recibir el acompañamiento oportuno. Por eso, es clave saber cómo exigir su cumplimiento.
A continuación, algunas recomendaciones prácticas:
- Tenga claro que la salud mental es una obligación del sistema. Desde la entrada en vigor de la Ley 2460, este aspecto del bienestar humano quedó reconocido como un derecho fundamental. Por eso, cualquier tipo de negación, demora o condicionamiento en la atención constituye una vulneración grave que puede ser denunciada ante la Superintendencia de Salud.
- Solicite atención directa. Recuerde que puede solicitar una cita con psicología sin pasar por medicina general. Si su EPS no lo permite, puede exigirlo formalmente.
- Participe activamente. Las comunidades tienen derecho a conformar o integrarse a los Consejos Territoriales de Salud Mental, donde se diseñan y vigilan los planes locales.
- Infórmese sobre rutas de atención. Toda institución educativa, empresa, EPS o IPS debe tener disponibles los protocolos de atención actualizados y visibles para los usuarios.
- Haga veeduría ciudadana. El Ministerio de Salud y el Observatorio Nacional de Salud Mental deben publicar datos periódicos sobre calidad y cobertura. Usted puede consultarlos para ejercer control social.
“Recuerde, usted tiene el poder de hacer efectiva esta ley. Estar informado es el primer paso para que el derecho se convierta en acción real”, insiste la docente de Areandina.
Finalmente, en el ámbito educativo y laboral, la norma ahora exige implementar programas de bienestar, educación emocional y detección temprana de problemas psicosociales. En esta línea, colegios, universidades y empresas deben crear entornos protectores, con espacios de escucha y apoyo.
En conclusión, este cambio en la forma de comprender y abordar la salud mental representa una oportunidad para construir una sociedad más empática, equitativa y consciente del bienestar colectivo. Sin embargo, su verdadero impacto dependerá del compromiso institucional y de una ciudadanía informada, vigilante y activa. Hacer efectivo este avance es responsabilidad de todos.
