OPINIÓN: DERECHO Y CONVIVENCIA SOCIAL

No son pocos los que se preguntan, con preocupación y angustia: ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué ocurre en el ámbito de su célula fundamental, que es la familia? ¿Qué hacen las instituciones y normas establecidas para preservar los derechos de las personas y los núcleos familiares? ¿Será imposible la convivencia pacífica? ¿La vida humana ya no vale nada? ¿No opera la solidaridad social? ¿La educación no está cumpliendo su papel? ¿Qué hacen y qué deberían hacer el Estado, la sociedad y la familia?

POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO (*)

Acontecimientos recientes y muy dolorosos -que han conmovido a la sociedad- llaman a reflexión. Cada vez con mayor frecuencia se vienen presentando graves hechos, incluidos los ya comunes comportamientos lesivos de la indispensable armonía que debería imperar en el interior de los hogares y las comunidades. La violencia intrafamiliar es hoy de diaria y extendida ocurrencia, como lo son también el feminicidio, el infanticidio, los delitos sexuales contra menores, las masacres, los asesinatos de líderes sociales y ambientales, los desaparecimientos y ahora -como si todo eso fuera poco- crímenes atroces como el matricidio y el fratricidio. Todo lo contrario de lo que se esperaría de una colectividad civilizada y consciente de cuanto implica la dignidad de la persona humana y sus derechos esenciales.

En varios foros académicos virtuales en los que hemos podido participar durante la pandemia, a propósito de los treinta años desde la entrada en vigor de la Constitución Política, han sido planteadas las múltiples incógnitas e inquietudes que, frente al Derecho, genera el alarmante panorama en referencia. Y, casi en todos esos eventos, se ha concluido que, en general, hay una creciente pérdida de conciencia social sobre los valores esenciales y una inaceptable ignorancia -o el olvido, o el incumplimiento- de los principios fundamentales que deben regir la vida en sociedad.

Toda sociedad tiene unos valores que quiere y debe realizar, para seguir siendo una sociedad, y no simplemente una caótica aglomeración de seres humanos egoístas, extraños o enemigos, reunidos a regañadientes e incapaces de convivir de modo razonable. En toda sociedad se requieren unos principios -grandes directrices del comportamiento de sus integrantes-, y unas reglas que permitan mantener esa convivencia, realizar esos valores y garantizar el vigor y observancia de esos principios.

De esas necesidades colectivas resulta el Derecho, llamado a regular y ordenar las relaciones que tienen lugar en el interior de la colectividad. A sus dictados -fundados en valores y principios- se someten todos los sujetos que la componen, en virtud de un pacto social que se acoge a normas y acepta autoridades, cuyas facultades, atribuciones y competencias contempla el ordenamiento jurídico, cuya máxima expresión se consigna en la Constitución que el pueblo -en ejercicio de su poder soberano e inalienable- pone en vigencia.

El preámbulo de nuestra Constitución señala los valores y principios básicos, que deben regir la vida en sociedad: “…fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana…”.

Según el artículo 1 constitucional, Colombia es una democracia participativa y pluralista, y un Estado Social de Derecho. Son sus fundamentos: el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y la prevalencia del interés general. Fines esenciales del Estado (artículo 2): “…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

Las autoridades, según la norma, están llamadas a “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

El artículo 5 estipula: El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.

Insistimos en la pedagogía y enseñanza de estos elementos esenciales de nuestra organización social y política.

————————————————–

(*) Expresidente de la Corte Constitucional. Profesor universitario.