Se hace realidad la ley para huérfanos por feminicidio

El lamentable hecho ocurrió en Cartagena del Chairá, Caquetá. Y aunque suene doloroso decirlo, este caso no es una excepción. Es el reflejo de lo que muchos niños y niñas viven a diario en Colombia: pierden a sus madres víctimas de feminicidio y, con ellas, también la posibilidad de una infancia protegida.

Con la sanción de la Ley 2530 de 2025, Colombia dio un paso trascendental hacia la justicia social. Por fin el Estado reconoce y responde a una deuda histórica con miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que quedaron huérfanos tras el feminicidio de sus madres.

Durante años, estos menores cargaron en silencio el peso de un dolor profundo y de un abandono institucional que no supo –o no quiso– protegerlos. “La función social del periodismo y del ser humano en general es el servicio. Por eso desde el 2018, cuando comencé a exigirle al Estado atención para estos niños, no pasaba un solo día en que no le recordara a las entidades que esta ley era urgente y necesaria”, afirma Yeiver Rivera Díaz, periodista, investigador social, escritor y uno de los principales impulsores de esta legislación.

Rivera, quien visibilizó esta tragedia en su libro Ni una más ni una menos: la ruta al feminicidio (2018), asegura que este avance es también una victoria ciudadana. “Hoy, al ver esta ley hecha realidad, puedo decir que el trabajo desde las organizaciones sociales, la academia, las familias que buscan justicia y los medios de comunicación sí tiene impacto y que el Congreso haya oído el clamor que se daba en todos los escenarios es importante para que hoy sea realidad”, agrega.

La ley establece un marco integral de protección para estos menores, incluyendo atención en salud física y mental, acceso prioritario a educación y empleo, participación en espacios culturales y deportivos, acompañamiento psicosocial, asistencia jurídica y apoyo económico. Uno de sus pilares fundamentales es la creación del Registro Nacional de Huérfanos por Feminicidio, una herramienta esencial para garantizar seguimiento, protección y atención continua.

Rivera destaca un aspecto especialmente sensible de la norma: “Es fundamental que esta ley impida que los menores queden nuevamente expuestos a contextos de violencia. No podemos permitir que la custodia regrese a manos del agresor o de su círculo cercano, como ha ocurrido en tantos casos”.

El comunicador celebra que la ley incluya directrices claras para el manejo de la información sobre feminicidios en medios y espacios públicos. “Necesitamos un tratamiento responsable del lenguaje y de las narrativas. Esta ley también da pautas de buenas prácticas y de cómo contar estas historias sin revictimizar ni banalizar el dolor”, señala.

Sin embargo, advierte que el verdadero reto comienza ahora con la reglamentación de la ley para garantizar su cumplimiento. “Esto exige mucho más que discursos. Exige rutas claras, coordinación interinstitucional, formación a los funcionarios, y, sobre todo, voluntad de escuchar a las víctimas”.

Rivera lo resume con contundencia “A estos niños no se les puede ofrecer solo un subsidio. Necesitan protección emocional, acompañamiento real, justicia, reparación y memoria. Y necesitan que se les garantice un futuro digno, no solo sobrevivir al pasado”.

El llamado final es claro: es hora de que toda la sociedad sea vigilante. Esta ley debe cumplirse de forma ágil, oportuna y eficaz. Las víctimas no pueden esperar más. El proyecto fue presentado, en conjunto, por las congresistas Carolina Giraldo y Juliana Aray y fue sancionada el pasado 5 de agosto por el presidente de la República.