ACTUAR EN DEMOCRACIA, PARA EL PAÍS

Los elegidos deben cumplir sus promesas y responder a los enormes desafíos que significa asumir la conducción del Estado, particularmente en momentos tan difíciles como los que vive Colombia, tanto en materia política como en el campo social, en el terreno económico, en el jurídico y en el ecológico.

POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO (*)

Transcurrida la etapa de elección popular de los miembros del Congreso, del presidente y la vicepresidenta de la República para los próximos cuatro años, corresponde ahora entrar en la ejecución y el desarrollo de los proyectos, las reformas, los criterios y programas que resultaron favorecidos en las urnas.

Cabe reiterar que, si bien algunos sectores políticos han expresado discrepancias con la introducción de modificaciones al sistema jurídico –no solamente a las leyes, en diferentes áreas, sino a la Constitución–, lo cierto es que los proyectos de reforma, en especial si tocan aspectos axiales del orden jurídico –lo cual no es malo, ni rechazable, pero sí susceptible de previo análisis y discusión– deben ser confrontados con la Constitución y las leyes, tanto desde el punto de vista formal y de trámite como desde la perspectiva material –de fondo–, para evitar posteriores declaraciones de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional.

Con esto quiero decir que los proyectos del próximo gobierno no son buenos ni malos en sí mismos, por provenir de alguien con cuya candidatura se estuvo o no de acuerdo. Son ellos –los proyectos en sí mismos– los que deben ser sopesados –en su forma y contenido– por la opinión, por el conjunto del Gobierno, por el Congreso y, en su caso, por los jueces constitucionales.

En estas materias no se debe improvisar –ni a favor, ni en contra–, porque está comprometido el interés colectivo y, de por medio, el futuro de la Nación.

Ahora bien, la confrontación política ya fue decidida, por los votantes, en las urnas. Muchos querrán unirse a la propuesta del candidato ganador, hoy presidente de la República –Jefe del Estado, del Gobierno y suprema autoridad administrativa–, apoyarlo y buscar que cambie muchas cosas. Y otros querrán hacerle oposición. Todo eso es válido, siempre y cuando se lleve a cabo dentro de los lineamientos constitucionales y dentro de la legalidad, con el debido respeto hacia el contrario, y –algo muy importante– pensando en el país, en las familias que han padecido las consecuencias laborales, sociales y económicas de la pandemia; en los trabajadores; en los muchos desempleados; en las necesidades que, en varias regiones del país, son sentidas y reales, más allá de las cifras que el saliente gobierno acostumbra a presentar.

Desafío de primer orden para la nueva administración, además de la lucha contra la violencia de todos los orígenes y en todas sus formas, consiste en hacer efectivo el artículo 334 de la Constitución, “asumir la dirección general de la economía e intervenir en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía”; y conseguir “el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”.

Todo, dentro de una concepción democrática, participativa y pluralista, que busque realizar de verdad el Estado Social de Derecho y sus postulados básicos.

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(*) Expresidente de la Corte Constitucional. Profesor universitario.