Es necesario que todos los actores implementen políticas de cumplimiento para prevenir riesgos en el deporte.
Bogotá, noviembre de 2022. La corrupción en el fútbol se ha convertido en un fenómeno latente en el mundo. Es el caso de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que tomó la decisión de cancelar los campeonatos de la División Profesional ante las denuncias por presuntos arreglos de partidos y casos de corrupción en esta temporada. Aunque Colombia todavía no ha tomado decisiones radicales que afecten el deporte, si hay ejemplos y casos que ponen en alerta a las autoridades pertinentes para proteger estas competiciones.
“En Colombia, recordemos eventos tales como el partido entre Llaneros FC y Unión Magdalena, donde misteriosamente los jugadores del equipo de Villavicencio renunciaron a seguir disputando el encuentro mientras veían cómo los de Santa Marta le daban vuelta al marcador y ascendían a la primera categoría del fútbol colombiano, caso por el que actualmente existe una investigación abierta en la Fiscalía General de la Nación, o las múltiples ruedas de prensa en las que técnicos y dirigentes han insinuado la existencia de un factor extradeportivo que influye en el rendimiento de los equipos y sus respectivos resultados”, afirmó Jacques Simhon, Socio del Área Penal Corporativa de CMS Rodríguez-Azuero.
Lo cierto es que esta situación constituye una amenaza para el deporte colombiano y no debe tratarse como un asunto menor, ya que lo que está en juego es el principal activo de una industria que, en cifras de la Superintendencia de Sociedades, anualmente genera más de 70.000 millones de pesos. Un escenario de anulación de una temporada de la liga significaría una pérdida millonaria por concepto de incumplimientos contractuales en materia de derechos de televisión, patrocinios y diferentes acuerdos de carácter comercial y laboral.
“El arreglo de partidos no sólo genera afectaciones de carácter económico y reputacional para la liga y los equipos, sino que, además, tiene implicaciones ante las respectivas comisiones disciplinarias de la liga, procesos administrativos ante el Ministerio del Deporte y, como en el caso de Bolivia, al suponer la comisión de delitos como bien podrían ser los de corrupción privada, administración desleal, estafa o concierto para delinquir, se trata de una situación que puede derivar en investigaciones y procesos penales tendientes a afectar jugadores, árbitros y hasta dirigentes de clubes y de la liga misma”, comentó Juan Pablo Quiñones, Asociado de CMS Rodríguez-Azuero.
En este sentido es necesario que los diferentes actores implementen políticas para prevenir estos riesgos.
- La Liga: Si bien el artículo 93 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, adoptando los postulados del Código de Ética de FIFA, contempla una sanción por predeterminación de resultados y participación en juegos y apuestas, es necesario que este tipo de comportamientos cuenten con un reglamento autónomo que tenga como principio fundamental la responsabilidad solidaria en cabeza de los clubes, tipifique conductas que se presentan actualmente, tales como las apuestas por parte de jugadores en su lugar de trabajo, a través de terceros o utilizando información confidencial a la cual se tiene acceso, única y exclusivamente, por su relación con la actividad deportiva e, imponga sanciones que incluyan la suspensión individual del infractor de las competencias.
- Clubes: Se hace necesario que los clubes adopten políticas de cumplimiento internas que les permitan enfrentar eventos de corrupción o situaciones de arreglo de partidos. Estas políticas pueden estar acompañadas de reglamentos y protocolos que ayuden a los equipos a individualizar a los responsables y aplicarles la sanción correspondiente de manera interna. Así, los clubes contarán con insumos importantes a la hora de demostrar una actitud de debida diligencia frente a la concreción de estos riesgos.
- Las plataformas de apuestas deportivas: Ante el protagonismo actual de estas compañías en el mundo del deporte, se debe construir una política que permita cruzar la información entre las plataformas, la liga y los clubes. De esta manera se podrá garantizar la detección de situaciones irregulares y activar las alarmas para proceder con las investigaciones a las que haya lugar.
“Es por todas estas razones que el caso de Bolivia nos sirve para anticiparnos a la concreción de un daño que cada día se torna más inminente y, de paso, nos ayuda a avanzar en la implementación de políticas de cumplimiento articuladas que prevengan escenarios penales para los distintos actores de la industria y que, ante todo, sean capaces de proteger el mayor activo del mundo del deporte: la sana competencia”, concluyó Simhon.
