Denuncias por violencia intrafamiliar con víctimas mujeres en Cali alcanzan la cifra más alta de los últimos seis años

Entre enero y septiembre de 2025, cada dos horas una mujer denunció haber sido víctima de violencia intrafamiliar en Santiago de Cali. Esta cifra es un promedio que surge de las 3.528 denuncias por este delito hechas por mujeres durante los primeros nueve meses del año, la cifra más alta de los últimos seis años y la segunda más elevada de toda la década, de acuerdo con cálculos de Cali Cómo Vamos con base en registros de la Policía Nacional.

En ese mismo periodo, 851 mujeres denunciaron delitos sexuales, una cifra que representa un aumento del 17,5% frente a 2024 y constituye el registro más alto de los últimos cuatro años. En comparación con los hombres, ellas concentran el 73% de las denuncias por violencia intrafamiliar y el 84% de las denuncias por delitos sexuales, lo que evidencia que la violencia de género sigue siendo una realidad persistente.

“En la última década (2016-2025) las mujeres representaron entre un 71% y un 82% de las denuncias de violencia intrafamiliar en la ciudad, y más del 80% de las denuncias de violencia sexual a lo largo de los últimos diez años, lo que refleja una concentración sostenida de estos tipos de violencia en ellas. En el caso de la violencia sexual existe un agravante, las caracterizaciones que permite hacer Medicina Legal de las víctimas, han permitido identificar que 2 de cada 3 mujeres víctimas eran menores de edad”, comentó Danny Angarita, líder técnico de Cali Cómo Vamos.

¿Qué significa el aumento de denuncias? Para María Camila Hernández, investigadora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, esto puede tener dos interpretaciones: “por un lado, puede interpretarse como un fenómeno positivo que deriva de un mayor acceso y visibilización de canales de denuncia, que legitima y fortalece las rutas institucionales existentes. Por otro lado, demuestra la prevalencia alarmante de entornos inseguros y violentos para niñas y mujeres. Los espacios públicos y privados son entornos de riesgo”.

En cuanto a los feminicidios en la ciudad, entre enero y noviembre se tipificaron tres casos, el número menor de los últimos 11 años. Por ejemplo, en 2024 hubo ocho feminicidios en ese lapso, según cifras oficiales. “Este descenso podría interpretarse superficialmente como un avance. Sin embargo, es importante aclarar que la tipificación del feminicidio como delito ha traído retos importantes en el registro de estos casos. Por ejemplo, el Observatorio de Feminicidios registró 41 casos de feminicidios en el Valle del Cauca para 2025, mientras que las cifras oficiales registran siete”, añadió Hernández.

La violencia contra las mujeres también se sostiene y perpetúa en desigualdades económicas. Según cálculos de Cali Cómo Vamos con base en datos del DANE, entre julio y septiembre de 2025 la tasa global de participación laboral en Cali–Yumbo fue del 73,8% para los hombres y del 56,2% para las mujeres. Además, aunque la tasa de ocupación femenina en ese mismo trimestre (50,9%) fue la más alta de la última década, siguió siendo significativamente menor que la de los hombres, con una diferencia de 18 puntos porcentuales.

“La brecha de género en la participación en el mercado laboral ha sido una constante en la ciudad. Uno de los factores que más influye en que esta brecha se presente y persista es la mayor carga de labores de cuidado y oficios del hogar que asumen las mujeres frente a los hombres, lo cual limita su desarrollo profesional. Por ejemplo, en nuestros análisis hemos identificado que los oficios del hogar como principal actividad fue cinco veces más común en mujeres que en hombres durante 2024 (37% vs. 7%)”, menciona Danny Angarita, líder técnico del programa Cali Cómo Vamos.

Para la Fundación WWB Colombia, la violencia basada en género no puede abordarse únicamente desde la denuncia o la sanción. La respuesta más efectiva, aunque menos visible, está en fortalecer la autonomía económica de las mujeres, condición indispensable para romper los ciclos de dependencia que sostienen la violencia.

La evidencia es contundente: los hogares encabezados por mujeres siguen siendo los más golpeados por la pobreza, la carga desproporcionada de cuidado —las mujeres emprendedoras dedican aproximadamente 8 horas diarias al cuidado— y la limitada inclusión financiera. Informes recientes muestran que las brechas en acceso a productos financieros con enfoque de género persisten y limitan las oportunidades de crecimiento económico para miles de mujeres en el país.

“La violencia de género empieza con la dependencia y la precariedad; se alimenta de una desigualdad que les roba a las mujeres la capacidad de elegir. Por eso, invertir en la autonomía económica de las mujeres no es un lujo social; es la política de seguridad más efectiva que tiene un país. Cuando una mujer puede decidir sobre sus ingresos, puede también decidir sobre su vida y sobre su libertad”, expresa Daniela Konietzko, presidenta de la Fundación WWB Colombia.

Las mujeres no son violentadas únicamente en espacios físicos, sino que estas prácticas se refuerzan en los entornos digitales. Las cifras son alarmantes: al menos el 53% de las mujeres que utilizan Internet en sus trabajos, en actividades como atender reuniones virtuales, enviar correos electrónicos o responder chats, ha sufrido algún tipo de violencia de género a través de plataformas digitales.

La cifra surge de una investigación del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, para la cual se encuestó a 470 mujeres empresarias o trabajadoras en Bogotá, Medellín y Cali. El porcentaje de aquellas que reconocieron haber sufrido violencia digital es muy superior a los comparativos internacionales.

“Las estimaciones de la ONU para Europa dicen que el 23% de las mujeres han experimentado violencia de género en el ámbito digital. Sin embargo, nuestra encuesta revela que, en las ciudades tenidas en cuenta, este porcentaje asciende al 53%. Las agresiones más frecuentes son el envío de contenido sexual u ofensivo sin autorización, el acoso o seguimiento en redes y las amenazas en línea”, dijo Natalia Escobar, investigadora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.

Las violencias que acontecen en lo digital no son fenómenos aislados del mundo real: un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señala cómo el 77% de las víctimas de ciberacoso son a su vez víctimas de otras formas de violencia por parte de sus parejas, cómo las mujeres que han sufrido algún hostigamiento digital habían tenido encuentros previos en el mundo real y cómo las tecnologías pueden usarse en escenarios de violencia doméstica para ejercer mayor control sobre las parejas.

En Colombia se han dado avances importantes en materia legislativa: la Sentencia T-280 de 2022 de la Corte Constitucional reconoció la violencia digital de género como una forma grave de violencia, ordenó al Congreso legislar sobre el tema y exhortó a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura a adoptar medidas para evitar la revictimización.

En 2024, la Ley 2365 amplió el marco sancionatorio laboral para incluir el acoso y la violencia basada en género en entornos digitales, lo que obligó a los empleadores a crear mecanismos efectivos de denuncia y establecer medidas de protección para las víctimas. A esto se suman iniciativas legislativas como el Proyecto de Ley 247 de 2024, orientado a una protección integral frente a la violencia digital de género, y la Ley 2453 de 2025, que reconoce explícitamente la violencia digital y simbólica contra las mujeres en la política.

“Sin embargo, como ocurre con los feminicidios (donde el aumento de las penas no ha detenido los asesinatos de mujeres), la existencia de normas no se traduce automáticamente en protección real. Las víctimas siguen enfrentando rutas de denuncia confusas, institucionalidad desbordada o sin capacidades técnicas en ciberinvestigación, y plataformas digitales que no siempre cooperan ni responden con oportunidad. Por eso, el desafío ya no es solo normativo: es garantizar acceso efectivo a la justicia, fortalecer las capacidades forenses digitales, asegurar respuestas oportunas de la Fiscalía, articular rutas con enfoque de género y exigir mayor responsabilidad a las plataformas tecnológicas”, puntualizó Escobar.

La c a través de su estrategia de prevención de violencias basadas en género, Ofelia no está sola, que ha llegado a más de 260 territorios del país y cinco países de América Latina, enfatiza en la importancia identificar los tipos de violencia y a seguir recomendaciones clave.

“Entendimos que no bastaba con apoyar a las mujeres en sus negocios o en educación financiera si no hablábamos también de la violencia que muchas enfrentan. ‘Ofelia no está sola’ es una estrategia pensada para sensibilizar sobre los diferentes tipos de violencia, no solo la física o psicológica, sino también la económica, patrimonial o simbólica, y para mostrarles que existen rutas de atención y pasos concretos para atenderse, defenderse y protegerse”, explica Johana Urrutia, directora de Programas de la Fundación WWB Colombia.

El Manual “Ofelia No Está Sola” insta a todas las mujeres a romper el silencio y denunciar, pues cualquier intención, acción u omisión que cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial significa que sus derechos están siendo vulnerados. Es fundamental no esconder el maltrato, pues cuentas con muchas personas e instituciones que pueden ayudarte.

En caso de ser o haber sido víctima, el manual presenta una ruta de acción inmediata dividida en tres pasos clave:

1. ¡Te atiendes!, acudiendo a tu servicio médico o centro de salud más cercano, incluso por urgencias, y asegurándote de reclamar y guardar tu historia clínica, ya que es una evidencia crucial.

2. ¡Te proteges!, dirigiéndote a la Comisaría de Familia con las evidencias reunidas y solicitando una medida de protección policiva. La Comisaría se encargará de acompañarte, asesorarte, y garantizar tu protección y la de tus hijos. Finalmente.

3. ¡Te defiendes!, consultando con las entidades mencionadas qué acción jurídica es la indicada para tu caso, pues tener claras las pruebas facilita el acceso a la justicia para que se inicie la investigación y se tomen las medidas necesarias. “Nombrar las violencias y actuar es clave para transformar la cultura y reconocer que todas las personas merecemos vivir libres de violencia”, concluyó Verónica Velásquez, líder de la línea de Liderazgo y Género (FortaleSer), de la Fundación WWB Colombia.