El crimen organizado redefine la seguridad en la región 

El análisis desarrollado por Prosegur Research advierte que las redes criminales, cada vez más sofisticadas y transnacionales, avanzan en la región con fuerte impacto social, económico e institucional.

Colombia continúa siendo uno de los países más golpeados por la criminalidad organizada.

A nivel regional, ante las limitaciones del Estado para garantizar la seguridad pública, la seguridad privada ha registrado un sostenido crecimiento en las últimas décadas.

Ante las limitaciones del Estado para garantizar la seguridad pública, la seguridad privada ha registrado un sostenido crecimiento en las últimas décadas.

Se estima que hay aproximadamente 4 millones de guardias de seguridad privada en la región.

América Latina se consolidó como la región más violenta del mundo en términos de homicidios, con el 33% de los asesinatos globales concentrados en países que albergan menos del 10% de la población mundial. El Anuario de Seguridad de América Latina 2025, desarrollado por Prosegur Research, revela cómo el crimen organizado ha evolucionado en escala, estructura y capacidad operativa, expandiéndose a través de fronteras y diversificando sus actividades ilícitas.

Colombia continúa siendo uno de los países más golpeados por la criminalidad organizada. En 2024 se superaron las 230.000 hectáreas de coca cultivadas, muchas en zonas controladas por disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. La tasa de homicidios asciende a 25,7 por cada 100.000 habitantes, y ocho ciudades colombianas figuran entre las más violentas del mundo. El crimen se ha fragmentado y adaptado: estructuras pequeñas disputan territorios con extrema violencia, mientras se expanden otras actividades ilícitas como la minería ilegal, la extorsión y el contrabando en zonas fronterizas.

Escenario complejo

A nivel regional el informe alerta que América Latina vive un escenario complejo marcado no solo por el aumento de la violencia en varios países impulsado por el crimen organizado y las economías ilícitas, sino también por la debilidad institucional y las limitaciones presupuestarias que dificultan estrategias sostenidas de prevención y control.

Diversos expertos convocados a participar de este informe señalan que las estrategias para combatir el crimen deben ser integrales, combinando acciones de represión con políticas de prevención, desarrollo social y fortalecimiento institucional, así como la necesidad de políticas diferenciadas según el tipo de grupo criminal, la mejora de la cadena de seguridad pública —policía, justicia y sistema penitenciario—, y una mayor cooperación internacional para enfrentar redes ilícitas que operan más allá de las fronteras.

Seguridad Privada un apoyo esencial

El avance de la criminalidad impacta también a la economía: las empresas afrontan crecientes riesgos de robos, fraudes, extorsiones y ataques a la logística. Por ejemplo, en Colombia, la tasa de homicidios y la extorsión se ha convertido en una amenaza diaria para el comercio formal, y las organizaciones se ven obligadas a cancelar rutas, frenar inversiones o asumir altos costos en medidas de seguridad.

Por tanto, el crimen organizado y la violencia tienen un impacto económico importante, obligando a adoptar acciones y destinar recursos para proteger la actividad empresarial y garantizar la continuidad operativa. En este contexto, la seguridad privada se ha convertido en un actor de apoyo esencial, complementando el trabajo de las fuerzas públicas y cubriendo áreas donde la respuesta estatal es insuficiente.

En línea con ello, el Anuario de Seguridad de América Latina 2025 señala que- según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- el número de agentes de seguridad privada en América Latina supera con creces al de las fuerzas policiales en muchos países. Se estima que hay aproximadamente 4 millones de guardias de seguridad privada en la región, en comparación con 2.4 millones de policías. Este crecimiento convierte al sector en un complemento clave de la seguridad pública, aunque plantea el desafío de avanzar hacia regulaciones claras, estándares profesionales y mecanismos de fiscalización eficaces.

En conjunto, el informe advierte que el reto para América Latina no es contener la expansión del crimen organizado, sino construir sistemas de seguridad más integrales, legítimos y resilientes que fortalezcan la confianza ciudadana y la gobernabilidad democrática.